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Bosques hondureños y cambio climático: ¿Soluciones verdaderas o falsos remedios?

Honduras
LaTribuna
08/08/2010
Ramón Wilberto Nuila Coto


El fenómeno del cambio climático se conoce desde fines del siglo XIX y tuvo reconocimiento internacional hasta alrededor de 100 años después (siglo XX). Honduras firmó el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en la Cumbre de la Tierra realizada en Rio de Janeiro, Brasil en 1992, fue ratificado por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 26-95 del 29 de julio de 1995.

Del 20 al 23 de julio recién pasados, en la ciudad hondureña San Pedro Sula, se llevó a cabo el taller nacional “Bosques y Cambio Climático: Oportunidades del país para Insertarse en el Mecanismo REDD”. Durante este evento expertos nacionales y extranjeros, analizaron este tema junto a representes de organismos gubernamentales y representantes de ONG`s vinculadas. Entre los temas tratados en este evento, están Gestión forestal y el desarrollo sostenible de Honduras por José Trinidad Suazo Bulnes ministro, director del Instituto de Conservación Forestal (ICF); El papel de los bosques en el cambio climático por Omar Samayoa de la ONG internacional Rainforest Alliance; El Rol de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) en el Cambio Climático por Marco Jonathan Laínez subsecretario de esa entidad; Conceptos básicos de REDD+, enfoque nacional vs. sub-nacional, implicaciones y alternativas por Lucio Pedroni de Carbon Decisions International; Posición de MASTA (Moskitia asta takanka: Unidad de La Mosquitia) por Donaldo Allen, dirigente misquito: y, Mercados Voluntarios de Carbono por Julianne Baroody coordinadora, Iniciativa de Clima Rainforest Alliance.

Autoridades del gobierno hondureño y otros expositores en el taller “Bosques y Cambio Climático: Oportunidades del País para Insertarse en el Mecanismo REDD”.

El REDD (Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación, por sus siglas en inglés)
es un mecanismo para compensar a los Estados con bosques tropicales y a las empresas o los propietarios de bosques en los países en desarrollo con el objetivo de que no corten sus bosques ricos en carbono o reduzcan sus tasas de deforestación y degradación, evitando así las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). REDD se aplica principalmente en bosques naturales y se refiere a las emisiones que no se liberan a la atmósfera al evitar que un bosque se deforeste o degrade.

Situación hondureña actual

Según lo informado oficialmente por el ICF en el reciente taller nacional la superficie hondureña con bosques es de 5.96 millones de hectáreas, mientras las áreas protegidas ocupan 3.96  millones de ha… La producción anual de madera es de 880,000 m³, promedio en los últimos 5 años. Hay legalmente autorizadas 632 industrias forestales primarias y secundarias.

La tasa de deforestación anual es de 62,000 hectáreas. Se registran 212 grupos beneficiarios del Sistema Social Forestal. El área afectada por incendios forestales es de 65,000 ha/año.

Se estiman en 70,000 los empleos directos y 173,000 los indirectos generados por el aprovechamiento de los bosques hondureños, mientras las exportaciones forestales suman los 248.2 millones de US$ anuales.

A nivel legal e institucional, Honduras cuenta con mecanismos como la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; la Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación (2010-2022); el Programa Nacional Forestal (2010-2030); el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; la Estrategia Nacional contra la Tala y Comercio Ilegal de Productos Forestales Maderables y No-maderables; el Plan Estratégico Institucional del ICF (2010-2015); el posicionado al Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre bajo el liderazgo del ICF, tanto en las políticas, estrategias y programas nacionales teniendo en consideración el Plan de Nación–Visión de País y el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR).

Además, el máximo ente forestal hondureño impulsa acciones para desarrollar, consolidar y fortalecer las capacidades institucionales del ICF (jurídicas, financieras, gerenciales, administrativas, técnicas y de gestión); Crear 6 regiones, 16 subregiones y 54 Oficinas Locales; Revisión y Seguimiento del Mapa de Cobertura Forestal para monitorear la deforestación,  forestación y reforestación; y, crear otras unidades técnicas (educación ambiental, cooperación externa, seguimiento a convenios de apoyo, etc.

El ICF también busca adicionar 200,000 hectáreas a actividades de manejo forestal sostenible; generar 120,000 nuevos empleos rurales ; aumentar la productividad de los bosques de 1.8 a 3.5 m³/ha/año ; integrar 1,000 familias por año a procesos participativos de forestaría comunitaria; y, apoyar la creación de 12 microempresas forestales por año.

Para desarrollar esas actividades el ICF invierte su quehacer consolidando el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) con 91 áreas prioritarias. Igualmente contribuye a implementar el Plan de Acción de Biodiversidad, se valoran los  bienes y servicios ambientales en 39 áreas protegidas; reciben apoyo de conservación las Reservas Naturales Privadas y se regulariza con fines de manejo y protección forestal la ocupación de los bosques nacionales.

Oficialmente, en nuestro país, el área afectada por incendios forestales es de 65,000 ha/año

Entre los compromisos gubernamentales, a través del ICF, están apoyar el establecimiento de 1000 ha/año de plantaciones agroforestales con fines de seguridad alimentaria; fomentar la Certificación Forestal en 500,000 hectáreas; incorporar 5,000 familias en actividades de conservación y manejo de áreas protegidas; implementar el Programa Nacional de Reforestación; ejecutar la Estrategia Nacional contra la Tala y Comercio Ilegal de Productos Forestales; fortalecer al interior del ICF el Departamento de Cambio Climático y Bosques; y, elaborar e implementar la Estrategia Nacional para el Manejo de Cuencas Hidrográficas.

El ICF impulsa acciones directamente relacionadas al cambio climático, como prestar y reforestar 1.0 millón de hectáreas de tierras de vocación forestal, con propósitos de restauración ecológica y con acceso al mercado global de bonos de carbono, conforme a lo estipulado en el Plan de Nación, que legalmente obliga al 2015, reducir la tasa de deforestación de 62,000 a 30,000 ha/año y al 2038, a menos de ocho mil ha/año.

Las autoridades del ICF, plantearon en este taller que como sus principales retos en este tema, tienen el involucrar a las comunidades rurales al manejo y gestión forestal sostenible de bosques nacionales; recuperar las tierras forestales nacionales ocupadas, deslindarlas e inscribirlas en el Patrimonio Público Forestal Inalienable; fomentar la protección de micro cuencas con participación comunitaria; iniciar el inventario nacional forestal con medición de carbono y biodiversidad 2010; incorporar 90 municipios al manejo y conservación de bosques nacionales; contribuir a implementar la Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático; contribuir en la formulación y elaboración de la Estrategia Nacional REDD; y, gestionar los fondos para la implementación del Plan Estratégico Institucional del ICF (1% del presupuesto nacional).

El papel de la SERNA en el tema de cambio climático, se planteo en este evento como el punto focal a través del Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC), actualmente constituida como la Dirección Nacional de Cambio Climático. Igualmente es la autoridad Nacional Designada para el MDL del Protocolo de Kyoto. Por medio del Comité Técnico de  Apoyo revisa y corrobora los documentos presentados en las propuestas de proyectos, para proceder a emitir las cartas de aval o de aprobación de los mismos y es parte del tema en el comité técnico de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).
A través de la SERNA, el Estado de Honduras tiene los compromisos internacionales ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de realizar inventarios nacionales de GEI y presentarlos en las Comunicaciones Nacionales.

Implementar programas nacionales que contengan medidas orientadas a reducir las emisiones de GEI. También debe incorporar, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y medidas sociales y económico promover y apoyar la educación, la capacitación y la sensibilización del público respecto del cambio climático. Hasta julio 2010 han sido capacitados 5,603 hombres y 4,973 mujeres, sumando un total de 10,576 personas. También tiene que estimular la participación más amplia posible de todos los sectores del país en conocer e incorporar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Para cumplir con los Convenios Internacionales sobre cambio climático, El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente crea la Unidad de Cambio Climático, con fondos disponibles a partir de 1998.

Con el objetivo de preparar las Comunicaciones Nacionales, en respuesta a los compromisos del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ha recibido apoyo financiero del Fondo Mundial para el Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), tanto para preparar la Primera y la Segunda Comunicación Nacional. Para cumplir con los compromisos adquiridos se han llevado a cabo las siguientes acciones a nivel nacional: Elaboración y Socialización del Informe Nacional sobre Gases Efecto Invernadero (INGEI) 2000; La Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en Honduras; Análisis de Variabilidad Climática y Escenarios de Cambio Climático futuro a 2050 y 2100; Análisis de la Vulnerabilidad en los sectores prioritarios: rrecursos hídricos, salud humana, bosques y biodiversidad, agricultura (seguridad alimentaria) y marino costero.

La Serna reporta como acciones pro-REDD en Honduras la celebración de un convenio SERNA-Banco Mundial, para participar del Fondo Cooperativo para el Carbono del Bosque.

Se forma parte de los grupos de trabajo de las CMNUCC, de corto y largo término, además parte de la comisión técnica pro-análisis de REDD. Se han realizado talleres informativos sobre REDD a profesionales forestales, cooperativas agroforestales, pueblos indígenas y las universidades.Se está adscrito a la Coalición de países de Bosques Tropicales, la cual está negociando los fondos para acciones tempranas de REDD en el ínterin previo a la COP 16.

La Estrategia Nacional de Cambio Climático busca reducir la vulnerabilidad de Honduras ante los impactos de este problema mundial.

Actualmente se es parte de grupos de Negociación sobre REDD.

Por su parte los indígenas de La Mosquitia de Honduras a través de MASTA hicieron en este taller, una exposición que está basada en el Artículo 3, Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas en relación a que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y el Convenio 69 (de la OIT), Artículo 6 que garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada.

La Mosquitia, según la exposición de MASTA, ha estado en permanente disputa por los imperios (Británico, Español y Estadounidense); por transnacionales de la madera y minería (especialmente Estadounidenses), por los conservacionistas; por el avance de colonos y por Megaproyectos con el aval de los estados (represas, mineras, petroleras y agro combustibles).

En ese contexto, MASTA plantea como algunos derechos territoriales de los pueblos indígenas los siguientes: relación especial de los Pueblos Indígenas con la tierra desarrollada históricamente; tenencia colectiva con diferentes nociones territoriales cosmovisión indígena; protección especial del patrimonio cultural; prohibición de traslado; ampliación de la superficie territorial; procesos de delimitación, demarcación, registro, saneamiento; propiedad intelectual sobre biodiversidad y recursos genéticos; y, la existencia de una entidad Político Administrativa.

Actualmente, los misquitos de MASTA denuncian la existencia de amenazas externas como las colonizaciones inducidas y espontáneas (avance frontera agropecuaria); la creación de áreas protegidas sin su participación activa; el desarrollo de mega-proyectos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables; las concesiones forestales, mineras, petroleras, hidroeléctricas, agua y otras que dan los gobiernos; los monocultivos para agro combustibles; convertir a La Mosquitia en puente para el trasiego de actividades ilícitas; y  la no coordinación gubernamental de acciones con la población indígena.

En parte de su planteamiento MASTA dice textualmente: “esta mesa debe ser un escenario de franqueza. Si en  esta mesa tenemos una silla para discutir y ponernos de acuerdo para trabajar de la mano, queremos poner en esta mesa los temas calientes que se están dando en nuestro territorio como: deforestación, ganadería extensiva, pistas clandestinas y la siembra de palma africana. Estamos de acuerdo hablar de la REDD pero hablemos primero de estrategias de cómo mitigar los problemas. No creemos en la teoría de que la mayor causa de deforestación sea la extracción de la leña. La Mosquitia no puede estar en el paquete de otros departamentos debe aplicar otra estrategia para enfrentar sus problemas”.

La propuesta MASTA, implica la seguridad jurídica sobre los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Parar la tala indiscriminada y sancionar. Diálogo transparente y mutuo respeto: Gobierno-pueblo La Mosquitia en el tema de REDD. La cooperación nacional y externa  enfoque sus actividades en estos 3 puntos.
¿Soluciones o falsos remedios?

Un reciente editorial  titulado “Crisis climática, falsos remedios y soluciones verdaderas”, de la revista Biodiversidad, sustento y culturas del Movimiento Mundial de Bosques sostiene que la crisis climática es una consecuencia de la civilización petrolera, con gravísimos impactos sociales y ambientales. Según el Movimiento Mundial de Bosques, la idea es simple: la deforestación es un factor importante de emisiones de dióxido de carbono –por tanto, de calentamiento global–, por lo que se busca compensar financieramente a quienes puedan evitar la deforestación. En la convención sobre cambio climático se refieren en REDD a deforestación evitada y no a evitar la deforestación. Parece una distracción semántica, pero las consecuencias son tremendas: no se trata de apoyar a quienes realmente evitan la deforestación, sino de pagar a quienes ya deforestan y lucran con ello, para que deforesten un poco menos, pagándoles lo que dejarían de ganar. Es la misma lógica del Mecanismo de desarrollo limpio de esa convención, que sólo apoya a quienes tengan desarrollo sucio pagándoles para que ensucien un poco menos. No son apoyos para quienes no contaminan o no deforestan, sino solamente para los que sí lo hacen. El programa premia a los mayores deforestadores (cuanto más grandes más ganan) y estimula la deforestación para poder cobrar por dejar de hacerlo (luego de haberse lucrado primero con ella). Los países y comunidades que cuiden sus bosques no pueden recibir nada de esos programas, es necesario que primero los destruyan. Que en un período no se deforeste una zona no implica que no se pueda hacer en los años siguientes, estimulando así también la apertura de nuevas zonas a deforestar mientras se vuelve luego a las que se deja de deforestar, de tal manera que las mismas empresas, ONG y gobiernos, pueden hacer negocio tanto cobrando de REDD como deforestando.
La organización Unidad de La Mosquitia (MASTA), demanda la seguridad jurídica sobre los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.

Según el documento del Movimiento Mundial de Bosques que citamos, estas nuevas versiones de programas REDD, llamadas REDD++, se introducen en el programa la conservación, la gestión sustentable de los bosques y el mejoramiento de la capacidad de almacenamiento de carbono en los bosques. Puede sonar bien, pero lo que significan está muy mal. La conservación y gestión sustentable de los bosques, en el marco de REDD, significa que estados, ONG y/o técnicos podrán definir, con reglas externas elaboradas por instituciones internacionales (como el Banco Mundial), por arriba de las comunidades, el uso de sus territorios. Esto ya ha significado en varios países, incluso, la expulsión de comunidades indígenas de estas áreas y en todas las enajenaciones de la decisión de las comunidades sobre sus territorios. El llamado mejoramiento de la capacidad de almacenamiento es una luz verde para deforestar bosques naturales (hasta 90 por ciento y aún cumplir con REDD, ya que dejan de talar 10 por ciento) y plantar monocultivos de árboles de rápido crecimiento y fines comerciales, como eucaliptos, pinos y palma aceitera, porque mientras los árboles están creciendo absorberían más dióxido de carbono que los bosques antiguos. Este esquema ha sido refutado científicamente, al observar el ciclo de vida completo de un bosque natural contra el de una plantación, pero los que ganan con los monocultivos de árboles ocultan estos datos. México, Brasil y otros países que están entre los peores deforestadores del mundo han abrazado las propuestas REDD con entusiasmo, acompañados por ONG trasnacionales, como The Nature Conservancy, WWF y Conservación Internacional, y las trasnacionales más contaminantes, como la petrolera BP, que avizoran un gran negocio que les sirve además como maquillaje verde. También ONG nacionales, las mismas que han apoyado el negocio de venta de servicios ambientales (incluyendo la biopiratería) y la entrada de proyectos del Banco Mundial a comunidades, ahora defienden los proyectos REDD para apoyar a las comunidades forestales.

Según el planteamiento del Movimiento  Mundial de los Bosques, además de promover mayor destrucción de bosques, REDD es en realidad otra forma de enajenar el poder de decisión de las asambleas comunitarias para que grupos compitan por proyectos en lugar de luchar por sus derechos, por el reconocimiento y apoyo que debería ser política pública –no dependiente de trasnacionales e instituciones financieras internacionales– al rol fundamental que tienen las comunidades indígenas, campesinas y forestales, entre muchos otros, para enfrentar la crisis climática y enfriar el planeta.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

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