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CSJ orteguista confirma cobro por extraer agua

Nicaragua
La Prensa
09/09/2010

Los magistrados orteguistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mediante una sentencia confirmaron la vigencia del decreto 20-2008 del presidente Daniel Ortega, denominado “Cobro para coadyuvar con la conservación y protección de los acuíferos”.

Este decreto fue emitido por Ortega para regular el cobro por la extracción de agua subterránea realizada a través de pozos privados, estableciendo el monto mensual de 12 córdobas por metro cúbico de agua extraída, para todas las empresas que utilizan el agua de manera industrial.

Los magistrados sandinistas rechazaron un recurso por inconstitucionalidad que representantes de la Kola Shaler presentaron en contra del presidente Ortega, y dejaron vigente el cuestionado decreto.

Otras empresas presentaron el mismo tipo de recurso, pero la magistrada Alba Luz Ramos indicó que la sentencia del caso de la Kola Shaler tiene un “efecto general”, es decir, será aplicado a todas las empresas.

La CSJ ya había rechazado un recurso de este mismo tipo presentado por la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin).

Los representantes de Kola Shaler alegaron que en su caso ellos no tienen pozos privados para extraer agua.

El Procurador General de la República, Hernán Estrada, expuso durante el proceso que en Nicaragua el agua se está agotando y se ha degradado su calidad como resultado de la contaminación.

“Está claramente establecido que el agua, como recurso natural, es patrimonio nacional, no de ningún particular. La preservación y conservación, desarrollo y explotación racional corresponde al Estado y el Decreto 20-2008 es una expresión de la ejecución de este mandamiento constitucional”, dijo Estrada.

Los magistrados sandinistas consideraron que las empresas que utilizan el agua con fines industriales “obtienen beneficios económicos, pero ocasionan daños irreparables al medio ambiente, teniendo como consecuencia la extinción de las fuentes naturales de agua”.

La supuesta sentencia sólo fue firmada por los seis magistrados sandinistas y los dos ex magistrados (Rafael Solís y Armengol Cuadra) que se mantienen usurpando cargos, por lo que podría ser recurrida de nulidad, porque según los magistrados liberales el quórum de Corte Plena para fallar estos casos de inconstitucionalidad es de nueve magistrados.

La magistrada Ramos señaló que en estos momentos el quórum de Corte Plena es de ocho magistrados, ya que para los sandinistas los magistrados actualmente son 14, por lo cual la mitad es siete, más uno, son 8 magistrados el quórum. “Ésa es la mayoría de la Corte Plena, la mitad más uno”, dijo.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

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