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Centroamérica y la política fiscal frente al cambio climático

Guatemala
El Periódico
13/09/2010

El invierno de 2010 está constituyéndose en una restricción adicional al crecimiento económico y a las posibilidades de avanzar en el desarrollo humano de Centroamérica. Los informes especializados concluyen que la intensidad de este invierno está relacionada con factores propios del cambio climático.

Las cinco principales consecuencias del cambio climático son: 1) Menor producción agrícola y mayor inseguridad alimentaria; 2) Conflictos por falta de agua; 3) Aumento del nivel del mar y mayor exposición a desastres meteorológicos; 4) Extinción de ecosistemas y biodiversidad; y 5) Aumento de epidemias. Estos costos, están siendo crecientes en el tiempo y provocando pérdidas irreversibles, principalmente en regiones menos desarrolladas, con menor capacidad de adaptación y mitigación. El índice de riesgo climático, publicado por German Watch, pone en evidencia que Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador se ubican entre los países con mayores costos sociales (muertes) y económicos (pérdida de producción, carreteras, puentes, entre otros) como resultado del cambio climático experimentado en los últimos 18 años, mientras Costa Rica y Panamá se encuentran en mejor posición. Como resultado de eventos climáticos, la región pierde anualmente, en promedio, 0.7 por ciento del PIB, lo que en 2010 representará aproximadamente 10 mil millones de dólares.

Las proyecciones para los próximos años revelan que los efectos del cambio climático podrían ser devastadores para Centroamérica, provocando cuantiosas pérdidas humanas y económicas. Es por esto que la comprensión del cambio climático debe integrarse a los desafíos que aún persisten en materia fiscal. Por el lado del gasto público, se debe mejorar la definición y ejecución de programas de educación, cambio productivo y desarrollo rural, que promuevan el respeto al medio ambiente.

En lo tributario, se debe promover la utilización de materiales biodegradables y tecnologías limpias, y asegurar que las actividades y productos más contaminantes tengan una mayor tasa impositiva, que cambie los hábitos de consumo y permita financiar los procesos para mitigar sus externalidades negativas. Por último, debe vincularse la deuda pública, a procesos internacionales que permitan transformar su pago en recursos para el desarrollo de proyectos ambientales. En definitiva, solamente el diálogo social maduro, más allá de los particulares intereses políticos, empresariales o gremiales, permitirá tomar acciones concretas para avanzar hacia el desarrollo sostenible de la región.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

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